El cerrojazo silencioso
Fuente: lavozdigital
Un un pequeño pueblo de Soria, Ólvega, amaneció a finales del año 2001 con un cartelito colgado en la puerta de una de las más importantes industrias de la zona, Delphi, en el que rezaba lo siguiente: «El acceso a la planta, así como al área de oficinas, queda absolutamente prohibido al personal que no se encuentre actualmente en la nómina de Delphi Packard». Así, de la noche a la mañana, los 560 trabajadores de la villa, con poco más de 3.400 habitantes, quedaban en la calle. Una semana antes estaban montando los últimos cableados eléctricos para los Volvo S-60 y S-80.
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Seguro que a más de un gaditano le resulta familiar el cuento. Pero este caso presentó ciertas diferencias respecto al cierre de la multinacional en Cádiz. En primer lugar, la compañía ofreció a los trabajadores una compensación de 85 días por año trabajado, frente a los 45 días a los que obliga la ley como máximo. Además, en el cierre de Soria fue fundamental el papel del empresario Emiliano Revilla, que estuvo vinculado desde el principio al proyecto. Los terrenos y la nave eran propiedad de este industrial y cuando se desató la crisis actuó como mediador de tal manera que cuando la firma americana liquidó la actividad, él ya había conseguido otra compañía que la sustituyera. De hecho, la multinacional TRW ocupaba las naves de almacenamiento mientras la firma Delphi desmantelaba sus líneas de montaje.
Precisamente, estos dos factores: un futuro medio resuelto y unas indemnizaciones por despido que casi duplicaban lo establecido en la legislación española, determinaron que el cierre se produjera de una forma muy silenciosa. No hubo movilizaciones sociales y sólo en una ocasión los trabajadores salieron a la calle para reivindicar sus derechos.
Detalles de liquidación
En aquella ocasión, Delphi no ofreció prejubilaciones porque la mayoría de la plantilla se situaba en la media de los 28 años. Sus directivos rondaban los cuarenta años, una edad que apenas superaba una docena de trabajadores. En marzo de ese mismo año la compañía americana había anunciado una fusión de la planta de Ólvega con la vecina de Tarazona, en una especie de cierre encubierto. La Junta de Castilla y León aseguró que haría lo posible por impedirlo y los socialistas reclamaron la devolución de las subvenciones públicas. En ese mismo mes se presentó un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 424 contratos fijos, de los 526 en plantilla.
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