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Las voluntades se mantienen
   El grupo concesionario español ha dado al proceso un plazo que, en principio, caduca en febrero del próximo año. Si en tal fecha la fusión no se ha encarrilado con éxito, Abertis puede abandonar el pacto de accionistas de Schema28, la sociedad que ostenta la mayoría del capital de Atlantia y que, a su vez, está controlada por la familia Benetton.
   La voluntad de integrar ambas compañías se mantiene en todas las partes, pero el éxito de las conversaciones dependerá de los nuevos números y condiciones que se negocien, ya que si bien el nuevo marco normativo debe eliminar las trabas a la fusión, Italia se reservará, con el permiso de Bruselas, la nueva potestad de intervenir en el sector, una atribución que no existía cuando se planteó la fusión por primera vez. El grado de posible intervención definirá las nuevas cifras de la operación ya que condicionará la seguridad jurídica de la misma.
   En concreto, Italia se ha comprometido a autorizar la transferencia de concesiones de autopistas pero cuando la empresa adquiriente «asuma todas las obligaciones existentes del concesionario previo, incluyendo la obligación de llevar a cabo las inversiones ya previstas en los planes financieros previos» y sea «igualmente capaz» técnica y económicamente de cumplir dichas obligaciones. Así se lo han transmitido a la Comisión Europea las autoridades italianas que remitieron recientemente a Bruselas el borrador de la «Direttiva» con la que pretenden modificar el régimen de transferencia de concesión de autopistas.
   De esta forma, y después de haber autorizado sin condiciones la fusión entre Abertis y Atlantia, el Ejecutivo comunitario reconocía la posibilidad de que Roma imponga sus propias medidas en defensa del «interés público». El Artículo 21 del reglamento de fusiones de la UE reconoce la posibilidad de que un país adopte las medidas pertinentes para defender sus «intereses legítimos», siempre que sean compatibles con el derecho comunitario. No obstante, y salvo que los intereses afecten a la seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación o las normas prudenciales, dichas medidas deberán notificarse siempre a la Comisión antes de ser adoptadas.
   La pasada semana, el colegio de comisarios europeos lanzó una señal de confianza a Roma al investir a la responsable de Competencia, Neelie Kroes, con los poderes necesarios para clausurar el expediente contra Italia durante el próximo mes de vacaciones. Las autoridades transalpinas han anunciado que adoptarán la «Direttiva» «lo antes posible» y, posteriormente, dispondrán de un mes para desarrollar el texto.
   El Ejecutivo comunitario no se ha fijado un plazo para actuar en el supuesto de que Italia incumpla su promesa. Asimismo, el responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, mantiene abierto un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Italia por haber limitado la libertad de capitales en la operación de integración Abertis-Atlantia.