Recurso judicial contra el nuevo concurso para adjudicar el Casino Aljarafe
Fuente: diariodesevilla.es
La empresa especializada en el sector del juego Cirsa ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando la anulación del nuevo concurso convocado por la Consejería de Gobernación para adjudicar otra vez la gestión del Casino del Aljarafe y resolver así la situación judicial del mismo. El TSJA declaró en su día nula la primera adjudicación, porque en la sociedad ganadora, Gran Casino Aljarafe, había personas jurídicas y no sólo físicas, como establece la ley del sector dando la razón, precisamente, a un recurso de Cirsa.
Esta empresa es la que ha vuelto tomar medidas judiciales al presentar un recurso, en julio, ante el TSJA en el que pide como la suspensión cautelar del nuevo concurso -al que sólo se presentó la anterior adjudicataria- y que se declare "nula de pleno derecho" la orden de la Junta que lo convoca. Cirsa, que decidió no presentar su oferta para la nueva licitación, pretende "evitar que con la continuación del proceso se produzcan unos daños de imposible o muy difícil reparación".
La empresa catalana tiene la esperanza de que la Junta convoque un nuevo concurso con otras condiciones que permitan "una amplitud de ofertas y un concurso con condiciones dignas". Si se aceptan las medidas cautelares, se paralizará la tramitación del concurso y "la Junta no podrá adjudicar la gestión del Casino hasta que no se resuelva el recurso".
Cirsa considera que Gobernación "bajo la apariencia de un concurso lo que pretende es una adjudicación directa a la empresa que venía explotando el casino" y para ello se sirve de unas bases del todo inconcretas y sin ponderación que le otorgan una amplia discrecionalidad, y un periodo de tiempo del todo ridículo para que las demás empresas intenten al menos presentarse" y advierte que la orden incurre en "graves deficiencias, contradicciones e ilegalidades que la convierten en nula de pleno derecho", por la infracción de normas de contratación; leyes administrativas y de regulación del Juego e, incluso, normas constitucionales, asevera.
